FUNCIONARIOS

"Váyase usted a la mierda, hombre, a la puta mierda."

Artículo redactado por un funcionario del Grupo A. Difícilmente se puede expresar mejor la situación actual.



Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando media España se lo llevaba caliente a casa, cuando un encofrador sin estudios se embolsaba tres mil euros, cuando hasta el último garrulo montaba una constructora y en connivencia con un par de concejales se forraba sin cuento, cuando un gañán que no sabía levantar tres ladrillos a derechas se paseaba en Audi, los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los parias, los que hacían números para cuadrar su hipoteca, hacer la compra en el Carrefour y llegar a fin de mes, porque un nutrido grupo de compatriotas se estaba haciendo de oro inflando el globo de la economía hasta llegar a lo que ahora hemos llegado.

Y ahora que el asunto explota y se viene abajo, la culpa del desmadre… es de los funcionarios. Los alcaldes, diputados y senadores que gobiernan la «cosa» pública a cambio de una buena morterada no son responsable de nada y nos apuntan directamente a nosotros: somos demasiados, hay que ultra-congelarnos, somos poco productivos. Los responsables bancarios que prestaron dinero a quienes sabían que no podrían devolverlo tampoco se dan por aludidos. Todos los intermediarios inmobiliarios, especuladores, amigos de alcalde y compañeros de partida de casino de diputado provincial no tenían noticia del asunto. Nosotros sí. Como diría José Mota: ¿Ellos? No. ¿Nosotros? Si. Siendo así que ellos? No. Por tanto, nosotros? Si.

La culpa, según estos preclaros adalides de la estupidez, es del juez, abogado del estado, inspector de hacienda, administrador civil del estado que, en lugar de dedicarse a la especulación inmobiliaria a toca teja, ha estado cinco o seis años recluido en su habitación, pálido como un vampiro, con menos vida social que una rata de laboratorio y tanto sexo como un chotacabras, para preparar unas oposiciones monstruosas y de resultado siempre incierto, precedidas, como no podía ser de otra forma, de otros cinco arduos años de carrera. Del profesor que ha sorteado destinos en pueblos que no aparecen en el mapa para meter en vereda a benjamines que hacen lo que les sale de los genitales porque sus progenitores han abdicado de sus responsabilidades. Del auxiliar administrativo del Estado natural de Écija y destinado en Barcelona que con un sueldo de 1000 euros paga un alquiler mensual de 700 y soporta estoicamente que un taxista que gana 3000 le diga joder, que suerte, funcionario.

La culpa es nuestra. A poco que nos descuidemos nosotros los funcionarios seremos el chivo expiatorio de toda una caterva de inútiles, vividores, mangantes, políticos semi-analfabetos, altos cargos de nombramiento digital, truhanes, pícaros, periodistas ganapanes y economistas de a verlas venir que sabían perfectamente que el asunto tarde o temprano tenía que petar, pero que aprovecharon a fondo el momento al grito de mientras dure dura! y que ahora, con esa autoridad que da tener un rostro a prueba de bomba, se pasan al otro lado del río y no sólo tienen recetas para arreglar lo que ellos mismo ayudaron a estropear, sino que, además, han llegado a la conclusión de que los culpables son… ¡¡TACHAN!! …los funcionarios.

Soy funcionario. Y además bastante recalcitrante: tengo cinco títulos distintos. Ganados compitiendo en buena lid contra miles de candidatos. ¿Y saben qué? No me avergüenzo de nada. No debo nada a nadie (sólo a mi familia, maestros y profesores). No tengo que pedir perdón. No me tocó la lotería. No gané el premio gordo en una tómbola. No me expropiaron una finca. No me nombraron alto cargo, director provincial ni vocal asesor por agitar un carnet político que nunca he tenido.

Aprobé frente a tribunales formados por ceñudos señores a los que no conocía de nada. En buena lid: sin concejal proclive, pariente político, mano protectora ni favor de amigo. Después de muchas noches de desvelos, angustias y desvaríos y con la sola e inestimable compañía de mis santos cojones. Como tantos y tantos compañeros anónimos repartidos por toda España a los que ahora algunos mendaces quieren convertir, por arte de birli-birloque, en culpables de la crisis.

Amigos funcionarios, estamos rodeados de gente muy tonta y muy hija de puta.

PD. Si alguien, en cualquier contexto, os reprocha -como es frecuente- vuestra condición de funcionario, os propongo el refinado argumento que yo utilizo en estos casos,
en memoria del gran Fernando Fernán-Gómez: «Váyase usted a la mierda, hombre, a la puta mierda.»

Si eres funcionario pásalo a toda España. Si no lo eres y no estás de acuerdo, ¡váyase usted a la mierda!

FUNCIONARIOS ATACAN, QUE SE AGARREN LOS POLITICOS

ESTOS FUNCIONARIOS AUTONÓMICOS, AHORA QUE SE ENCUENTRAN ANTE UN E.R.E., SE PONEN LAS PILAS. PUES QUE EMPIECEN A SACAR TODA LA MIERDA QUE ESTOS POLÍTICOS TIENEN DEBAJO DE LA ALFOMBRA.

Funcionarios autonómicos dicen, que hay mecanismos legales para que los cargos públicos afronten con su patrimonio las indemnizaciones derivadas de sus actos, por lo que darán un tiempo prudencial antes de pedir a la justicia que inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial pertinentes.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece en su artículo 145 que la Administración correspondiente exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave.

Con este mecanismo no serían los ciudadanos los que paguen las indemnizaciones «millonarias» derivadas de casos como el de Tebeto, sino «los que han metido la pata».

Los funcionarios temen que las indemnizaciones que debe afrontar la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentra la derivada por la expropiación para ampliar la sede del Parlamento de Canarias, aumentarán con las que proceden de la moratoria turística.

Las organizaciones de funcionarios anunciaron su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para pedir que la Administración inicie de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial y que se investigue para que los ciudadanos sepan «quiénes son» los responsables en cada caso. «Con esta medida cambiarían muchas cosas en Canarias».

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la ilegalidad de la licencia urbanística que concedió el alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero, por decreto en 2006 para la construcción de 76 chalés pareados en el camino real de La Escalona. La Asociación de Amigos de la Naturaleza (ATAN) sostiene que pedirá la ejecución de sentencia y que ello implica el derribo de los chalés.

En particular, el TSJC ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la mercantil Tenearona S.L. y por el Ayuntamiento de Vilaflor contra la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo que estimó el recurso planteado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra esa licencia que, como ha quedado constatado en dos sentencias, vulnera la normativa urbanística municipal y de la Comunidad Autónoma.

ATAN, que llevó a los tribunales la licencia de los 76 chalés que se estaban construyendo en La Escalona «generando un importante impacto paisajístico en un entorno eminentemente rural de la zona baja del municipio de Vilaflor», destaca que «lo asombroso de esta ilegalidad es que todos los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos municipales eran desfavorables al otorgamiento de la licencia, a pesar de lo cual el alcalde sin ningún tipo de justificación que desvirtuara lo argumentado por sus técnicos concedió la licencia».

La consecuencia es que ahora procede la ejecución de la Sentencia y deberá procederse a restituir la legalidad y la realidad física alterada, señala la asociación.

Como anunció cuando se emitió el primer fallo judicial contra dicha licencia, ATAN reitera que «se ejercerán acciones contra el alcalde de Vilaflor, entre otra medidas, mediante la solicitud de responsabilidad patrimonial personal» para que asuma de su bolsillo los costes derivados de la nulidad de esta licencia. Y argumenta en ese sentido que «no se pude consentir que por una acción de irresponsabilidad de este cargo público, el coste económico de esta situación recaiga sobre los vecinos de Vilaflor».

Hay que recordar, que esa petición de responsabilidad patrimonial personal ya fue apuntada por el propio magistrado en la Sentencia de 2008 ahora ratificada por el TSJC.

ADELANTE, ÁNIMO.