LA MENTIRA MAS LARGA, JAMAS CONTADA
No hay nada como conocer a nuestros políticos, me refiero a los que dicen representar a los habitantes de este archipiélago. Están en la senda de batir otro nuevo récord y esta vez es de los que dejan huella. Estamos hablando del archiconosidísimo y muy comentado CASO ICFEM. Y el récord, esta en que lleva 11 (once años) de investigación.
¿No se acuerdan o no lo conocían?. Bien lo de ICFEM (Instituto Canario de Empleo). Esto va de que el dinero que se entregaba por el Gobierno de estas islas, a organizaciones para dar cursos de diferentes actividades laborales a desempleados, resulto que «AL PARECER», esos cursos se cobraban por organizaciones, «supuestamente amigas de ALGUNOS», no ejecutaban los cursos y se embolsaban el dinero, que posteriormente se «presupone», se repartían entre ellos. Mas o menos esta es la idea.
Bien, pues la Justicia, harta ya de tantas vueltas y de auditorías sesgadas, ha decidido que se privaticen las auditorías de DECENAS DE MILES de cursos, ante la negativa del Gobierno, por incapacidad.
El parrafo anterior, debemos analizarlo parte por parte:
1º.- El Juez debe estar hasta las narices de que le sigan toreando desde el Gobierno de estas islas.
2º.- Las auditorias efectuadas por el Gobierno de estas islas, no deben convencer al Juez y supongo, que a nadie que tuviese acceso a ellas. Deben estar hechas por «algunos», que supuestamente, cobraran al hacerlas a medida del Gobierno de estas islas.
3º.- El Juez decide que se privaticen las auditorias, en empresas dedicadas a ese menester. Aunque a la vista de las auditorías que se ven por ahí, yo no me fiaría ni de las empresas privadas.
4º.- Estamos hablando de DECENAS DE MILES de cursos, por lo que estamos hablando de varios millones de euros.
5º.- El Gobierno de estas islas, demostrando su desprecio a la población y por supuesto a la Justicia, dice: QUE NO PUEDE HACER ESTAS AUDITORIAS, POR INCAPACIDAD, ¿Incapacidad?, ¿es que este Gobierno que nos desgobierna, no tiene suficiente personal para efectuar ese trabajo o facilitar todos los documentos necesarios para que alguien o grupo de personas voluntarias se dedique a aclarar, cada curso que se subvenciono con nuestro dinero?.
Bueno, ante esta INCAPACIDAD, reconocida por el mismo Gobierno de estas islas, propongo, que se autorice a por ejemplo a dos Policías Nacionales y dos Guardias Civiles
, que estén en segunda actividad, a los cuales, estoy seguro que con un vehículo normalito, cuatro ordenadores, cuatro mesas de despacho, cuatro sillas, un teléfono fijo y un pc-portátil, serian capaces de aclarar curso por curso, donde se estafo dinero y donde no. Imagínense el costo de este personal y el costo de auditores privados que dicen esta sobre los 300.000 euros o lo que es lo mismo 50 millones de pesetas, la diferencia es abismal y les aseguro que esto se aclara en un año, para ponérselo al Juez, todo clarito como el agua de Teror.
Con todos esos datos sobre la mesa, el Juez, podrá trabajar y decidir con absoluta claridad. Claridad que no facilita el Gobierno de estas islas, y todos sabemos o presumimos el motivo. Entre ellos, todas las comisiones de investigación, se han empantanado y al final nunca encuentran a los culpables de esos desaguisados económicos.
Los auditores privados volverán a inspeccionar lo ya aprobado en la Intervención del Gobierno. Tres instituciones contables de primer orden se pronunciaron su momento a favor del uso correcto de los fondos del Icfem (hoy Servicio Canario de Empleo). La propia Intervención de la Comunidad dio por buena la mayoría de los cursos del periodo 93-99 y los que no pasaron el filtro fueron convalidados en 1997 por el Gobierno de Manuel Hermoso. El Tribunal de Cuentas de España también se pronunció a favor de los gestores del Icfem, no apreciando lesión alguna a los caudales públicos de la Comunidad autónoma. La Unión Europea, en su fiscalización global, tampoco apreció irregularidades y aprobó el programa operativo en el que se enmarcaba los cursos a parados, subvencionados por Bruselas.
Las barbaridades cometidas por lo políticos, en detrimento de la hacienda publica, que somos todos, deberían ser castigadas con todo el peso de la Ley y en este caso específicamente, hemos visto, como CC y PP se pasaron la pelota, PSOE, convalido los cursos que se habían probado como supuestas estafas, por lo que los tres partidos, se tapan sus inmundicias, ¿a cambio de que?. Bueno en esto último, todos sabemos que cara al público, se muerden la yugular, pero en «petit comité», son capaces de hacer un trió sexual.
La propuesta esta en el aire, utilicen a esos cuatro funcionarios retirados de las Fuerzas del Orden Público y verán como se arregla y aclara todo esto. Pero a eso no se atreven, su cobardía les lleva a enrocarse en el miedo a lo que saltaría a la opinión publica.
Lo único que desean es aburrir al Juez, para que todo esto se archive y aquí no ha pasado nada de nada.
caballerodoramas 